Sindicalistas y activistas sociales se enfrentan a penas de cárcel por ejercer su derecho a la huelga y la libertad sindical.
CARLOS ESPINOSA (Madrid, 17/07/14 · 8:00)
El Gobierno y la Fiscalía parecen decididos a impedir o dificultar las protestas de los trabajadores aplicando el artículo 315.3 del Código Penal, que impone un castigo de hasta tres años de prisión para quien, “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros,coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Este artículo, vigente desde noviembre de 1995, no se había aplicado nunca hasta ahora.
El responsable de saneamiento urbano de CC OO en la Comunidad de Madrid, Karim Riabi González, argumenta que el derecho a huelga es un derecho fundamental, de manera que “por mucho que quieran jueces y fiscales, no lo pueden eliminar”, pero lo que sí pueden conseguir es “asustar y mediatizar a los trabajadores y que sea un derecho que cada vez se utilice menos y tenga un impacto descafeinado”. Riabi está totalmente convencido de que la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal dificultará aún más el derecho a huelga.
En riesgo el derecho a huelga
Las causas contra todos los huelguistas en España suman más de 125 años de cárcel. En concreto hay causas abiertas para 265 afiliados de CC OO y UGT, para 11 de CGT y otras tantas para miembros del sindicato gallego CIG y de la central anarcosindicalista CNT. La Fiscalía también pide penas de cárcel para personas que no están relacionadas con ningún sindicato. Éste último es el caso de Carlos Cano y Carmen B., dos activistas que participaron en el piquete del 15M en Granada en la huelga general del 29 de marzo de 2012 y fueron condenados a tres años y un día por un delito contra los derechos de los trabajadores. El pasado 11 de junio, el Juzgado Penal 1 de Granada dio la orden para ejecutar la sentencia condenatoria. Una campaña está recopilando firmas para pedir el indulto.
El 14 de julio entró en prisión un activista del 15M de Granada por participar en la huelga del 29M de 2012
“Todo esto tiene que ver con la campaña de criminalización de los movimientos sociales que se está llevando a cabo. Es un aviso de lo que nos viene con la ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal”, explica Carlos a Diagonal. El pasado lunes 14 de julio, Carlos ingresaba voluntariamente en prisión.
Tampoco pertenecen a ningún sindicato Tamara Vidal y Ana Outerelo, trabajadoras de piscinas públicas en varias ciudades gallegas que en febrero de 2010 participaron en una movilización para conseguir un convenio colectivo común. El 8 de febrero, entraron junto a unas 50 personas en un recinto de Pontevedra y arrojaron jabón líquido y pintura de color rojo al agua de las piscinas y a las gradas. Fueron juzgadas y condenadas a seis meses de cárcel, pero la Audiencia Provincial de Pontevedra elevó la condena a tres años de prisión y están a la espera de un indulto solicitado por el Parlamento gallego, el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra.
En Logroño, tras la huelga del 14 de noviembre de 2012, dos sindicalistas de la CNT se enfrentan a 15 años de cárcel y otras siete a multas que alcanzan los 2.800 euros.
En CC OO destacan el caso de su secretaria general en Baleares, Katiana Vicens, para quien el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel por participar en los piquetes de la huelga general del 29 de marzo de 2012. Vicens admite que entró a un autobús acompañada de la policía para pedir al conductor que dejase de trabajar, pero niega que el piquete rompiese la luna, como denunció el conductor. Más severa aún ha sido la pena pedida por la Fiscalía contra los ocho sindicalistas de CC OO Airbus que participaron en un piquete en la planta de Getafe durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Durante el piquete, un policía llegó a hacer uso de su arma de fuego. Numerosos trabajadores y algunos policías resultaron heridos a consecuencia de las cargas. La Fiscalía pide ocho años y tres meses por atentado a la autoridad, lesiones y atentado contra la libertad de los trabajadores, la mayor pena solicitada desde 1977 por hechos similares.
Desde CIG destacan el caso de Serafín Rodríguez, que en abril de 2008, junto con Carlos Rivas (UGT) y otros 70 compañeros, participó en una reunión sobre la negociación del convenio de transporte cuando se presentó una caravana de camiones con trabajadores que no habían secundado la huelga. La reunión se convirtió en un piquete y ambos trabajadores fueron identificados por la policía. Tras el juicio, fueron condenados a tres años por daños y atentado contra los derechos de los trabajadores. También están a la espera de indulto.
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