Isabel Barrio, la funcionaria de la Seguridad Social condenada a cuatro años y medio de cárcel por revelar datos reservados al Cesid a cambio de 70.000 pesetas al mes, lamenta que «al que me pagaba, ni siquiera lo han llamado»
JOAQUIN MANSO
MADRID.- Cuatro años y medio de prisión por dar información reservada de la Seguridad Social a otro organismo público: el Cesid (actual CNI), dependiente del Ministerio de Defensa. «Voy a ir a la cárcel por trabajar para el Estado. Y al espía que me pagaba, ni siquiera le han llamado», dice Isabel Barrio, la funcionaria condenada por revelar datos confidenciales a un espía de los servicios secretos españoles.
La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia confirmada recientemente por el Tribunal Supremo, dio tanta credibilidad a la declaración de Isabel que ésa es la única prueba de cargo que ha servido para condenarla. Lo que los tribunales consideran un «hecho probado» es que Isabel Barrio «se apoderó y proporcionó a Juan Garrote, funcionario del Ministerio de Defensa, información reservada -vidas laborales, grupos de cotización, domicilios y similares datos privados- a cambio de 70.000 pesetas al mes».
Ese espía, Juan Garrote, no ha sido encausado por un presunto delito de cohecho -como manifiesta con sorpresa un magistrado del Supremo en un voto particular- en las diligencias que instruyó el juez Santiago Pedraz, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, y ahora destinado en la Audiencia Nacional.
«Me siento traicionada y resentida. Por Juan, con el que tenía una gran amistad y ni siquiera me llamó cuando salí de la cárcel, y por el Estado para el que trabajé. Porque yo siempre tuve en conciencia que trabajaba para un organismo oficial», asegura Isabel.
Según relata, fue uno de sus superiores quien le presentó al agente secreto, en 1989. Desde entonces, y hasta 2001, cuando fue detenida, ella fue la encargada de darle los datos que el espía requería. «El me pedía que única y exclusivamente le atendiese yo», señala.
Isabel recuerda que «aquel día se identificó con una placa del Ministerio de Defensa. Luego ya entablamos confianza. Unos días después, en la cafetería El Jamonal de Madrid, frente a la oficina en la que yo trabajaba, me dio un sobre con 25.000 pesetas. Yo le dije que no, que nosotros no cobrábamos. Y él me contestó que me lo daba en agradecimiento por hacer las cosas rápida y discretamente, que había unos fondos del Cesid para eso y que también se lo daban a funcionarios de otros ministerios».
La cuantía de las entregas fue incrementándose a lo largo de los años, hasta llegar a las 70.000 pesetas de 2001. Primero, se las daban en mano; luego, mediante transferencia bancaria durante un tiempo, «hasta que saltó el escándalo de Manglano y volvieron al sobre». Curiosamente, el espía Juan Garrote insistió a Isabel para volver a utilizar una cuenta, mediante entregas en ventanilla no nominativas en los tres meses inmediatamente anteriores a su arresto.
Para efectuar los pagos, cuando eran en mano, siempre se reunían en una cafetería, que cada cierto tiempo cambiaban. Isabel y Juan Garrote llegaron a ser grandes amigos, hasta el punto de que éste invitó a la funcionaria a su boda, donde ella trabó amistad con otros espías. Cuando el agente inauguró su nuevo piso, le envió una nota a Isabel y su compañero en la que decía: «A ver cuando venís a conocer nuestra casa, que es la vuestra». «Y luego, él ni siquiera me llamó cuando salí de la cárcel», se lamenta Isabel.
El modus operandi que seguía el agente para recabar los datos que le proporcionaba Isabel era sencillo: la llamaba a su propia casa desde su despacho y le daba el nombre y los dos apellidos de la persona de la que necesitaba información. El lunes se presentaba en la oficina de la Seguridad Social y los recibía. Eran tres o cuatro de cada vez. En total, cientos. Según Isabel, «siempre venía con un oficio, firmado por un superior».
Esas personas eran, casi siempre, ciudadanos anónimos sobre los que los servicios secretos estaban realizando alguna investigación. «Yo sólo recuerdo dos nombres, porque eran los más conocidos: Leticia Sabater y Juan José Hidalgo», afirma la funcionaria condenada. La popular presentadora de televisión tenía entonces (hacia 2000) una relación sentimental con el empresario José María Fernández-Mayo, conocido como Morgan, que posee un hotel en Oviedo y una promotora. Hidalgo es el dueño de Air Europa y uno de los emprendedores más importantes de España.
Pero la relación entre Isabel y el espía Juan Garrote comenzó a deteriorarse a finales de 2000, cuando ella se negó a uno de los encargos del agente secreto: «Me dio un nombre y, al meter su nombre en el ordenador, me apareció la clave 56, que significa fallecido. Cuando se lo trasladé, me contestó que ya lo sabía... Y me preguntó si se podía cambiar a clave 65: Vivo. Le dije que sí, y él me ofreció entonces la posibilidad de ganar 'mucho dinero' a cambio de sustituir a varios listados de personas su clave de fallecido por la de vivo. Me negué, porque eso era muy peligroso y estaba muy controlado».
En junio de 2002, el diputado de Izquierda Unida Felipe Alcaraz registró una pregunta al Gobierno en el Congreso sobre si ése era el método que utilizaban los servicios secretos para asignar identidades falsas a sus agentes. El Ejecutivo de Aznar, cuatro meses después, respondió que eso era información reservada.
Todos estos extremos fueron expuestos en 2002 por Isabel a la revista Tiempo, poco después de que la funcionaria saliese de prisión preventiva, donde permaneció siete meses. El juez Pedraz le interrogó sobre todos esos puntos, y ella se ratificó. En esa declaración, que consta en el folio 2.812 de las actuaciones, la funcionaria identifica con su nombre y dos apellidos al espía Juan Garrote López, y añade que «en alguna ocasión trató con un tal Gervasio, Miguel Angel y Sebastián» y que «el tal Sebastián es el Jefe de Grupo».
En la causa, además, existen tres llamadas telefónicas que fueron intervenidas por orden judicial, recibidas por Isabel desde el número 913725000, que «pertenece al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid)», según afirma la Policía en el folio 589. En la primera de ellas, la más elocuente, una persona pregunta a la funcionaria: «¿Has recibido eso a través de la cuenta?» y, más adelante, añade: «O sea, que... Está ingresado 70, así que...». Casi al final de la conversación, le pide información reservada de una mujer de nombre E. M. P.
Isabel Barrio aseguró al juez Pedraz que esa persona que le llama es el espía Juan Garrote. De hecho, en otra de las conversaciones intervenidas, que la Policía no transcribe por no considerarla de interés para la causa, se anota la referencia «(relacionado con Mabel)». Mabel es el nombre de la esposa del agente.
A pesar de estos datos, no consta en las actuaciones que se haya practicado ni una sola diligencia dirigida a averiguar la implicación de los servicios secretos en un presunto delito de cohecho o de revelación de secretos por inducción. El juez Pedraz no tomó declaración al espía Juan Garrote, ni se le interesó en este sentido por el Ministerio Público o alguna de las acusaciones particulares personadas (el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General). Tampoco aparece ninguna averiguación tendente a confirmar si el agente actuaba autorizado por un superior, como sostiene Isabel, ni sobre la procedencia de los fondos, ni sobre si, efectivamente, se registraron en los archivos de la Seguridad Social un número sospechoso de cambios de clave de fallecido a vivo.
Durante la vista oral, a cuya grabación ha tenido acceso EL MUNDO, el fiscal ni siquiera preguntó a Isabel Barrio por los extremos que la Audiencia Provincial acabó considerando acreditados, y en los que fundamenta su condena: la relación de la funcionaria con el Cesid. En el juicio, asimismo, tanto el secretario como el instructor de las diligencias policiales justifican que no se practicase ninguna sobre el espía Juan Garrote así: «Nosotros dimos cuenta al juez de lo que habíamos averiguado y en ningún momento nos ofició para que siguiéramos por ese camino».
Barba postiza
Tras muchos esfuerzos, la defensa de Isabel Barrio consiguió que el agente secreto testificase. Lo hizo por videoconferencia, desde Afganistán, donde cubría destino, con traje militar y barba postiza. Fue escueto y conciso: «La relación con Isabel siempre ha sido del tipo amistad. Nunca ha habido relación profesional», y «no he solicitado, ni directa, ni indirectamente, información sobre Seguridad Social a Isabel».
El magistrado del Supremo Perfecto Andrés confirma en su voto particular que «resulta que no hay noticia de que Juan Garrote, del que en la sentencia [de la Audiencia Provincial] se habla como funcionario del Ministerio de Defensa adscrito al Cesid, que captó a aquélla [Isabel Barrio] moviéndole a realizar la actividad criminal por la que ha sido condenada, haya sido objeto de ésta u otra causa como posible autor de delito de cohecho».
Curiosamente, la Audiencia Provincial sí condenó en la misma resolución a un detective privado por ofrecer 5.000 pesetas a cambio de datos reservados a otro funcionario, que fue el que denunció la trama. Ahora, el Supremo casa la sentencia sólo en lo que se refiere a este detective, al que absuelve porque, según argumenta, su conducta no se corresponde con un delito de revelación de secretos, sino con otro por el que, «incomprensiblemente», no fue acusado: el de cohecho, «dado que existió ofrecimiento de dinero a un funcionario instándole a la realización de actos a su vez delictivos». Aparentemente, la misma actuación que llevó a cabo el agente secreto.
También la Audiencia utiliza el adverbio «incomprensiblemente» para criticar que la Fiscalía tampoco acusase a Isabel Barrio de cohecho, en el que incurre tanto quien recibe como quien ofrece dinero.
La defensa de Isabel Barrio argumenta que ella no conocía la ilicitud de su comportamiento, «dado que obró a instancia de una autoridad pública», y que siempre se le requirió la información a través de un conducto oficial. Añade que ningún testimonio ha desvirtuado esta afirmación, y que la Audiencia se basó exclusivamente en el reconocimiento que hizo Isabel de los hechos, en una declaración que sostiene que está viciada de nulidad, ya que se obtuvo a partir del contenido de las intervenciones, que fueron declaradas nulas por falta de motivación. En septiembre presentará un recurso de amparo y una petición de indulto.
Isabel no tiene, sin embargo, demasiadas esperanzas. En los últimos años dice haber vivido un calvario del que cree que difícilmente se recuperará. En 2005, presentó una denuncia por un intento de atropello, que ella relaciona con una represalia por los hechos que denunció.
MADRID.- La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, afirmó ayer que el caso del ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que vendió información clasificada a un servicio de espionaje extranjero debe dirimirse entre los propios servicios secretos y no entre gobiernos.
Para la dirigente socialista, un caso de esta naturaleza ha de mantenerse «en el estricto marco de las relaciones entre los servicios secretos, que seguramente deben estar llenos de dobles agentes».
Valenciano, en declaraciones a Efe, opinó que este asunto «no debe afectar a las relaciones de dos gobiernos como el español y el ruso» y debe resolverse «en otros escenarios», no en la visita que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hará a Moscú a finales de septiembre, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.
«Nadie está aquí para dar lecciones. Desgraciadamente, hemos visto actividades de los servicios secretos de uno y otro lado bastante rechazables, pero creo que se va a dirimir en otro nivel y no en el político», insistió Valenciano.
La venta de información clasificada por parte del ex agente del CNI Roberto Flórez a un servicio de inteligencia extranjero, el de Rusia, según apuntan la mayoría de medios de comunicación, está en manos de los tribunales tras la detención del ex espía el pasado 23 de julio en Tenerife.
El caso fue revelado por el director del CNI, Alberto Saiz, el pasado 24 de julio en una rueda de prensa.
El ex presidente extremeño pide que dimitan los directivos de TVE, arremete contra el fiscal general y critica a la Abogacía
El enfado de Rodríguez Ibarra tiene su origen en unas declaraciones del abogado José Mariano Trillo-Figueroa, quien se presentó ante los periodistas como defensor de Jaime Giménez Arbe, conocido como El Solitario.
Este letrado -que según una abogada portuguesa no es el defensor de ese presunto delincuente- dijo que El Solitario acusa al ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y a Rodríguez Ibarrade estar implicados en el asesinato de un pastor en Zafra (Badajoz), en 1996.
Los medios de comunicación -entre otros muchos, TVE- informaron de esas acusaciones. Ayer, Rodríguez Ibarra pidió que dimitan el director y el jefe de informativos de la televisión pública por difundir esa declaración.
Además, se lamentó de «la facilidad que existe en España para hacer acusaciones de este calibre, sin que nadie absolutamente mueva un dedo para evitarlo». Rodríguez Ibarra aclaró que no había convocado a los periodistas para defenderse de esas acusaciones, porque en 1996 no murió ningún pastor en Extremadura, sino para «atacar», según informa Efe. Y lo hizo.
Primero defendió a la Guardia Civil, que «no se dedica a ir matando pastores por Extremadura ni por España», según dijo.
A continuación, dijo que es «una marranada» que TVE haya dado noticia de esa rueda de prensa del polémico abogado Trillo-Figueroa. «Eso refleja el concepto que los directivos de Televisión Española tienen de lo que es un servicio público», añadió.
Luego arremetió contra Cándido Conde-Pumpido. «No estuve peleando en mis más de 30 años de militancia en el partido, cuando la mitad de los que hoy nos dirigen estaban metidos debajo de la arena del desierto, para que haya un fiscal general como el que hay y un director de TVE como el que hay», manifestó.
Del fiscal general dijo que defiende el Estado de Derecho «sólo cuando le interesa a él». «Si el asunto le reporta beneficios, publicidad y renombre, entonces actúa. Si el caso es defender a la Guardia Civil y a quien está en el uso de la palabra [en referencia a él mismo], no actúa», indicó.
Se refirió al «deterioro de la Justicia» en España, del que responsabilizó «a todos» pero sobre todo a los miembros del Consejo General de la Abogacía Española. De ellos dijo que debería «darles vergüenza» que un «personaje» como ese abogado -de quien dijo que estuvo cinco años en la cárcel por traficar con drogas, que militó de joven en la extrema derecha y que intentó secuestrar al independentista canario Cubillo- se pasee por los juzgados y dé ruedas de prensa sin que lo hayan expulsado de la profesión.
Anunció que «seguramente» acudirá a los tribunales para defender su honor, aunque no tiene esperanzas de lograrlo tras su experiencia con la demanda que presentó contra el director de este periódico. Dijo que Pedro J. Ramírez no ha comparecido a declarar en ese pleito y «los jueces no se sienten escandalizados».
El abogado José María Fuster-Fabra, defensor de Rodríguez Galindo, también negó las acusaciones de El Solitario. «Son un absoluto disparate», declaró a Efe.
Fuente: El Mundo
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